El primer antidarvinismo en España.

En estos días de actualidad para la “resistencia” anti-darvinista, me permitirán una pequeña reseña de los primeros avatares de la evolución en España.

La teoría de la evolución por medio de la Selección Natural de Darwin llegó a España el mismo año de la publicación de “El Origen de las Especies”, 1859, de la mano de Rafael García Álvarez, catedrático de Historia Natural del Instituto de Granada en su “Nociones de Historia Natural” (1859).

Ese mismo año y siguientes, otros destacados profesores, como Antonio Machado Núñez, abuelo del poeta, catedrático de Historia Natural de la Universidad de Sevilla , e instituciones como la Sociedad Antropológica Española y la Sociedad Española de Historia Natural, se encargaron de difundir la teoría de Darwin en nuestro país. No sin polémicas.

Agrias polémicas, según cuentan algunos cronistas. Cuenta el doctor Carracido en su libro “Estudios histórico-críticos de la Ciencia española”:

"con el mismo valor que se venían discutiendo la soberanía nacional y la separación de la Iglesia y el Estado, empezó a discutirse en los círculos intelectuales la mutabilidad de las especies y el origen simio del hombre, no siendo raro oír a grupos de estudiantes, en sus pasos por la Herradura, por la Rúa del Villar o por el Preguntoiro, disputar acerca de la lucha por la existencia, de la selección natural y de la adaptación al medio, invocando los testimonios de Darwin y de Haeckel"

En 1874, Cánovas, tras la restauración monárquica, nombra su primer gobierno, y en él se encuentra Manuel Orovio encargado de Fomento.

Orovio, representante de un auténtico integrismo político, recibe con agrado la misión de reprimir a los profesores de instituciones públicas, y especialmente universitarias, que enseñaran cuestiones contrarias al dogma católico y la “sana moral” y publica su famosa circular suscitando la llamada “2ª cuestión universitaria”

El primer objetivo claro es la enseñanza de la evolución. Se considera que el parentesco con los simios es contrario al dogma y resulta socialmente escandaloso.

El primer represaliado es Francisco Giner de los Rios. Augusto González de Linares, catedrático de Historia Natural en Santiago de Compostela, que había destacado como orador pro evolucionista en el Ateneo de Madrid y que se niega a seguir las instrucciones de la circular del Marqués de Orovio, y Laureano Calderón le siguen pronto, y con ellos otros destacados profesores:

Salmerón y Azcárate fueron confinados, Pisa Pajares, rector de la Universidad de Madrid, presentó su dimisión, Canalejas retó al ministro a que lo destituyera, Emilio Castelar y Montero Ríos renunciaron a sus cátedras.

Sin embargo, la teoría de la evolución siguió prohibida.

La solución no vino de los tribunales.

Fue otra circular famosa, la del ministro de Sagasta, Albareda, con el cambio de gobierno, que derogaba la de Orovio y disponía la reincorporación a sus cátedras de los profesores separados.

Nunca más volvió a ser prohibida es España, aunque siguió siendo considerada contraria a la “sana moral” durante muchos años.

Hasta hoy.

Unos fragmentos de las alegaciones de Azcárate ante el ministro Orovio:

“No hay ciencia, cualquiera que ella sea, que deje de relacionarse, más ó menos remotamente, con alguno de los dogmas del catolicismo, dado que éste encierra dentro de sí todo un sistema de principios con los que aspira a explicarlo todo: Dios, el hombre y el mundo; y por tanto el profesor que tal límite aceptara, se vería obligado a dividir su tiempo y su trabajo entre el estudio del dogma y el de la ciencia que enseña; hacer ante sus alumnos una combinación extraña de argumentos de autoridad con argumentos de razón, con que vendrían a la postre a caer en desprestigio la Religión y la Ciencia; a someter ésta a aquélla, al cabo de dos siglos en que está en posesión de la independencia que para siempre conquistaran para ella el genio de Bacon y de Descartes; y a volver, por último, a aquellos tiempos ya lejanos, y que de cierto no han de volver, en que la Ciencia y la Enseñanza estaban sujetas a la tutela de la Teología y a la censura de la Iglesia.

No es posible tampoco aceptar el límite de lo que se llama en la circular sana moral, mientras no se explique el sentido y el valor de este término; porque si los principios que constituyen aquélla, hubiesen de ser declarados por el Gobierno, dependerían de los que profesaran los encargados del mismo, cosa por extremo peligrosa; y si fueran los supuestos en la organización y vida del Estado, el profesor no podría, por ejemplo, condenar como inmoral el juego de azar, porque el Estado lo sanciona y alienta en España, convirtiéndolo en fuente de su riqueza; ni podría anatematizar, también en nombre de la Moral, el reconocimiento de la prostitución, puesto que el Estado la reconoce, al reglamentarla; ni podría decir del verdugo lo que por siglos ha dicho el mundo, porque el Estado paga y mantiene al verdugo, y confiere a su vil oficio la dignidad de un ministerio público.”